Denuncian agresiones contra mujeres periodistas en Izúcar de Matamoros

* Luego de ser detenidas por agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, fueron trasladadas a una dependencia alejada del centro de la ciudad en donde fueron aisladas, humilladas y obligadas a desnudarse

* La FIP demanda una investigación urgente que, desde una mirada con  perspectiva de género, analice los hechos colocando el eje en la labor periodísticas de las reporteras

San Andrés Cholula, Puebla. Natalie Hoyos López y Michelle Hoyos López, periodista y reportera gráfica respectivamente del medio Enlace Noticias, denunciaron que fueron detenidas arbitrariamente el 10 de marzo cuando se retiraban de realizar la cobertura de una actividad organizada por el grupo feminista Marea Púrpura en el marco del 8M.

En una rueda de prensa realizada el 27 de marzo, en la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde Natalie estudia la carrera de Comunicación Digital, denunciaron que luego de ser interceptada por numerosos agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, fueron trasladadas a una dependencia alejada del centro de la ciudad en donde fueron aisladas, humilladas, obligadas a desnudarse y sometidas a vejaciones. En medio de estos hechos, los oficiales les dijeron a las periodistas que esto sucedía por orden de “la jefa”, en referencia a la Presidenta Municipal Irene Olea Torres.

“Fuimos privadas de la libertad. Nos dejaron incomunicadas. Fuimos humilladas, golpeadas, torturadas”, expresó Natalie en la rueda de prensa organizada por la casa de estudios, que además emitió un comunicado de apoyo a su estudiante en el que afirma que las reporteras “fueron detenidas arbitrariamente, incomunicadas y sometidas a actos de agresión que pueden ser catalogados como crueles, inhumanos y degradantes, e incluso tortura sexual en razón del género”, y demandan que los hechos sean investigados con perspectiva de género “sin ignorar las particularidades del caso asociadas a su labor periodística”.

“Hago un atento llamado al gobernador, Sergio Salomón, y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que este acto no quede impune y se investiguen a las y los responsables, así como a los autores intelectuales y materiales que participaron en este hecho”, expresó la periodista, que el 16 marzo realizó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en un comunicado condenó “las agresiones, privación de la libertad y tortura que, por presuntas órdenes de Irene Olea Torres, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros (Puebla), policías locales cometieron, el pasado 10 de marzo, en contra de la periodista Natalia  Hoyos López y su hermana Michelle”. “El SNRP exige a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Puebla y a las autoridades municipales y estatales, una pronta investigación en el agravio cometido por alrededor de 18 uniformados en contra de la reportera y de su familiar, quienes además fueron objeto de tratos discriminatorios, vejatorios y sexistas”, concluye.

En una conferencia de prensa realizada hoy, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, aseguró que estos hechos “no se deben justificar ni tolerar por la autoridad municipal y tampoco por el Estado, por lo que el gobierno se compromete a dar la capacitación en derechos humanos y tratar de erradicar y ponderar la terminación de la violencia hacia la mujer”.

La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con Natalie y Michelle Hoyos López y repudia enérgicamente estos hechos de violencia de género institucional contra dos trabajadoras de prensa que simplemente se retiraban luego de realizar una cobertura.

Las mujeres periodistas están doblemente expuestas a agresiones, por su género y por su trabajo, y en un país como México, que es el más peligroso del mundo para el ejercicio de la labor periodística y que registra alarmantes niveles de violencia estructural motivada por el género, la necesidad de un abordaje integral de estas problemáticas se torna urgente.

El uso de la violencia sexual como herramienta para el silenciamiento y disciplinamiento de trabajadoras de prensa es un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información, y que esos actos hayan sido perpetrado por las fuerzas de seguridad es más grave aún. La FIP demanda una investigación urgente que, desde una mirada con  perspectiva de género, analice los hechos colocando el eje en la labor periodísticas de las reporteras y lleve a la justicia a todos los responsables, materiales e intelectuales, de esta agresión.