La libertad de expresión en México: un derecho constitucional vulnerado
* Un ejemplo es el caso de la periodista Lourdes Mendoza, quien enfrentó una demanda por daño moral presentada por un funcionario público
Por Fernando Olivas Ortiz
En México, los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen las bases para garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y el derecho de petición, pilares fundamentales de una democracia. Sin embargo, la realidad dista de lo estipulado en estos preceptos, ya que las autoridades, lejos de proteger estos derechos, son frecuentemente las principales responsables de agresiones y acoso judicial contra periodistas, lo que pone en riesgo no solo su seguridad, sino el derecho de la sociedad a estar informada.
El artículo 6 reconoce el derecho al acceso a la información y establece que toda persona tiene derecho a la libre expresión de ideas, siempre que no se atente contra la moral, la vida privada o los derechos de terceros. El artículo 7 protege la libertad de prensa, señalando que no se puede restringir ni censurar el trabajo periodístico. Por su parte, el artículo 8 garantiza el derecho de petición, asegurando que las autoridades respondan de manera pronta y adecuada a las solicitudes ciudadanas. Sin embargo, en la práctica, estos derechos son constantemente violados. Según el informe de Artículo 19, en 2024 se registraron 639 agresiones contra la prensa en México, incluyendo cinco asesinatos de periodistas, lo que equivale a una agresión cada 14 horas. Este panorama refleja un incremento del 13.9% respecto al año anterior, evidenciando un deterioro alarmante en las condiciones para ejercer el periodismo.
Las agresiones no se limitan a la violencia física. El acoso judicial se ha convertido en una herramienta cada vez más común para silenciar a los periodistas. En los primeros siete meses de 2025, Artículo 19 documentó 51 casos de procesos legales contra 39 periodistas y 12 medios de comunicación, superando los registros de años anteriores. Estos procesos, que incluyen demandas por daño moral o acusaciones de violencia política en razón de género, buscan desgastar emocional, económica y profesionalmente a los comunicadores, obligándolos a autocensurarse. Un ejemplo es el caso de la periodista Lourdes Mendoza, quien enfrentó una demanda por daño moral presentada por un funcionario público, lo que ilustra cómo las leyes son manipuladas para intimidar y censurar.
El Estado, lejos de ser un garante de estos derechos, es el principal agresor. En 2023, las autoridades fueron responsables de 140 de las 272 agresiones registradas en el primer semestre, es decir, una de cada dos agresiones provenía de funcionarios públicos. Este patrón se repite en los niveles estatal, federal y municipal, con entidades como la Ciudad de México, Veracruz y Guerrero encabezando las listas de agresiones. Además, la impunidad es un factor clave: el 99% de las agresiones contra periodistas quedan sin castigo, según datos de diferentes organizaciones periodísticas como el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP). La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha demostrado ser ineficiente, con solo 10 sentencias condenatorias de 186 acusaciones turnadas a jueces entre 2010 y 2018.
La estigmatización desde el poder público agrava la situación. Las conferencias matutinas del Ejecutivo Federal, con secciones como “El detector de mentiras”, han sido señaladas como espacios que fomentan narrativas de descrédito contra la prensa, catalogándola como “conservadora” o “adversaria”. Esta retórica no solo legitima la violencia, sino que perpetúa un entorno de hostilidad que inhibe el ejercicio periodístico. La falta de voluntad política y recursos para implementar mecanismos de protección efectivos, como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, deja a los comunicadores en una situación de vulnerabilidad extrema.
En conclusión, la violación de los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución en México no es un hecho aislado, sino una práctica sistemática que refleja el fracaso del Estado en garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas. La impunidad, el acoso judicial y la estigmatización desde las autoridades son barreras que no solo limitan el trabajo periodístico, sino que atentan contra el derecho de la sociedad a estar informada. Es urgente que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales, fortalezca los mecanismos de protección y garantice un entorno seguro para el ejercicio del periodismo.