Cárceles del Edomex, llenas de inocentes: Octavio Martínez
*Propone Morena castigar a servidores públicos que fabriquen delitos
*El 45% de los 41 mil reclusos en 22 centros penitenciarios son víctimas de pruebas manipuladas
Por Fernando Olivas Ortiz
Toluca, Edomex. El 24 de septiembre desde la tribuna de la LXII Legislatura mexiquense, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, denunció que de los 41 mil internos en los 22 centros penitenciarios del Estado de México, el 45% (18 mil) son inocentes, víctimas de delitos fabricados por servidores públicos.
Con esta alarmante cifra, el legislador presentó una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar a quienes manipulen pruebas, simulen testimonios o entorpezcan procesos judiciales, prácticas que, afirmó, distorsionan la justicia y condenan a personas sin culpa.
Martínez Vargas propuso penas de tres a ocho años de prisión, multas de 100 a 500 días y la destitución e inhabilitación para servidores públicos que incurran en estas conductas.
Si el responsable es un defensor público, las sanciones se incrementarían hasta en un 50%, y si la manipulación deriva en la condena de un inocente, las penas se duplicarían, alcanzando hasta 16 años de cárcel. “Si estas reformas no se concretan, seguiremos teniendo cárceles llenas de hombres y mujeres inocentes, víctimas de malos servidores públicos que fabrican delitos para cumplir estadísticas”, advirtió el diputado.
En su exposición de motivos, Martínez Vargas señaló que el Código Penal actual no tipifica de manera específica la falsificación de pruebas en procesos penales ni establece agravantes para servidores públicos que cometan estas faltas.
Según el legislador, agentes del Ministerio Público, peritos, policías de investigación, defensores públicos y hasta jueces han incurrido en prácticas como la introducción, modificación u omisión de pruebas, ya sea por corrupción, abuso de poder o presión institucional.
Estas acciones, afirmó, no solo vulneran la verdad procesal, sino que provocan errores judiciales irreparables, como la condena de personas inocentes.
El diputado destacó que la reforma busca catalogar como falta grave el abuso de funciones de quienes utilicen sus atribuciones para inducir decisiones judiciales arbitrarias, beneficiarse personalmente o perjudicar a terceros. “El Estado de Derecho exige normas claras que garanticen el principio de legalidad previsto en el artículo 14 constitucional, que prohíbe privar de la libertad sin un juicio justo y con formalidades esenciales”, subrayó.
La iniciativa plantea reformar el artículo 353 del Código Penal del Estado de México para incluir como delitos graves la manipulación, falsificación o destrucción de pruebas, así como las omisiones que generen perjuicios o ventajas indebidas en un proceso judicial.
También se reformaría el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar a servidores públicos que ejerzan atribuciones indebidas o induzcan actos arbitrarios en perjuicio de terceros o del servicio público.
Entre las conductas sancionables se encuentran la simulación de testimonios, la alteración de dictámenes periciales y el uso indebido de actas o registros. La propuesta establece que, en caso de que estas prácticas resulten en una condena injusta, las penas se duplicarán, además de imponer responsabilidades administrativas adicionales.
Octavio Martínez enfatizó que estas reformas buscan disuadir la corrupción y el colapso institucional en el sistema de justicia, protegiendo los principios de imparcialidad, objetividad y legalidad. “La realidad jurisdiccional del Estado de México revela una crisis en la que la fabricación de delitos es una práctica recurrente que afecta a miles de personas”, señaló.
Con esta iniciativa, Morena busca garantizar que los procesos penales se conduzcan con transparencia y que los responsables de errores judiciales enfrenten consecuencias severas, poniendo fin a la impunidad que perpetúa las cárceles llenas de inocentes.