Marcha en Defensa del Agua: Organizaciones Campesinas Exigen Reforma al Artículo 27 Constitucional y el Fin de Leyes Neoliberales

* “El Agua es del Pueblo y para el Pueblo”: Llamado Histórico de Felipe Rodríguez Aguirre

Por Fernando Olivas Ortiz
Ciudad de México, 13 de octubre de 2025. – Miles de campesinos, indígenas y organizaciones sociales tomaron las calles del Zócalo capitalino este lunes en una masiva marcha convocada por la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) bajo el lema “Marcha en defensa del agua como derecho humano!!! No a la ley neoliberal del 92, exigimos reforma al 27 constitucional, abajo todas las leyes neoliberales de México Zapata vive, ¡¡¡la lucha sigue !!!”. La movilización, que se extendió hasta las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, representa un grito unificado contra la privatización del vital líquido y las reformas heredadas del neoliberalismo, en un contexto de crisis hídrica que afecta a más del 70% de las cuencas del país.

En el corazón de la protesta, el líder de la UPREZ, Felipe Rodríguez Aguirre, arengó a la multitud con palabras que evocan el legado zapatista: “Organizaciones sociales y campesinas marcharon junto con la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) para que las autoridades federales que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo derroquen los artículos constitucionales que permiten que transnacionales y empresarios nacionales se enraícen a costa del agua que es del pueblo y para el pueblo”. Rodríguez, quien en marzo de 2024 enfrentó detención arbitraria por demandas agrarias en el Estado de México, denunció la reforma de 1992 al Artículo 27 constitucional –impulsada por Carlos Salinas de Gortari– como el origen de la “apropiación criminal” de recursos hídricos por parte de agroindustrias y mineras. “Zapata vive, la lucha sigue”, corearon los manifestantes, portando banderas rojinegras y carteles con consignas contra la “mercantilización” del agua.

La marcha, que reunió a integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social por la Tierra (MST) y El Barzón, partió del Ángel de la Independencia y culminó con una concentración en el Palacio Nacional. Según estimaciones de los organizadores, participaron al menos 15 mil personas procedentes de estados como Michoacán, Guerrero y el Valle de México, regiones golpeadas por sequías y concesiones excesivas. “No permitiremos que el agua siga fluyendo hacia botellas de exportación mientras nuestros ríos mueren”, exclamó una campesina de la huerta de Morelia, visiblemente conmovida por la sequía que ha diezmado sus cultivos.

Esta acción se inscribe en una escalada de tensiones entre el movimiento campesino y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). El Artículo 27, en su versión neoliberal de 1992, facilitó la privatización de la propiedad ejidal y las concesiones de agua a privados, lo que ha derivado en que el 80% del recurso se destine a usos industriales, dejando solo el 4% para consumo humano directo, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Las organizaciones exigen no solo la derogación de esta reforma, sino la abolición de “todas las leyes neoliberales” que, a su juicio, perpetúan la desigualdad en el campo mexicano.

El reclamo llega en un momento clave para la política hídrica federal. Apenas el 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de “devolver el agua a la nación” y eliminar la visión mercantilista del recurso. “No se puede lucrar con el agua”, enfatizó Sheinbaum en su mañanera del 3 de octubre, al anunciar medidas como la revocación de 58 mil concesiones irregulares y la creación de “delitos hídricos” con penas de hasta 12 años de prisión por robo o contaminación. Además, el Plan Nacional Hídrico –presentado el mismo mes– incluye 16 proyectos de infraestructura, como el saneamiento del río Lerma-Santiago, y un incremento del 15% en la recaudación por concesiones, pasando de 19 mil 410 millones de pesos en agosto de 2024 a 22 mil 349 millones en 2025.

Sin embargo, para los marchantes, estas propuestas son “parches insuficientes”. Raúl Aragón Loya, vocero de El Barzón, criticó que la nueva ley podría usarse para “control electoral” en el campo, renovando concesiones anualmente y condicionándolas a lealtad política. “Queremos soberanía real, no concesiones con caducidad que nos dejen vulnerables”, afirmó. La reforma al Artículo 27 de diciembre de 2024, que elevó a rango constitucional programas como Sembrando Vida, fue recibida con escepticismo: “Reconoce nuestras luchas, pero no revierte la privatización”, sentenció Rodríguez Aguirre, recordando que en julio de 2024, el Movimiento Campesino Nacional entregó a Sheinbaum –entonces presidenta electa– un pliego de 11 demandas para “superar el neoliberalismo en el campo”.

En las periferias de la marcha, historias personales ilustran la urgencia del reclamo. María López, productora de maíz en el Bajío, relató cómo su comunidad en Guanajuato ha perdido el 60% de sus pozos por concesiones a empresas embotelladoras: “El agua que nos queda es salobre, y nuestros hijos beben de pipas contaminadas. Esto no es desarrollo, es genocidio lento”. Similar testimonio vino de indígenas nahua de Puebla, quienes portaban wipilas en memoria de Emiliano Zapata, exigiendo que el agua se reconozca como “bien asociado al territorio” y prioridad para la agricultura familiar, responsable del 72% de la producción básica del país.

La UPREZ, fundada en 1985 en homenaje al revolucionario morelense, ha sido pionera en estas batallas. Bajo el liderazgo de Rodríguez Aguirre –discapacitado por lesiones en protestas pasadas–, la organización ha enfrentado represión sistemática, por bloquear vías en Toluca. “La judicialización de la protesta social debe cesar”, demandaron en un comunicado, llamando a la liberación incondicional de presos políticos del campo.

La marcha no solo visibiliza la fractura entre el gobierno y sus bases rurales, sino que presiona al Congreso, donde la iniciativa hídrica de Sheinbaum ya circula en la Cámara de Diputados. Analistas como los del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Imta) destacan que el marco actual –regulado por los artículos 4, 27 y 115 constitucionales– necesita una “revolución jurídica” para priorizar el derecho humano al agua, reconocido en 2012. Sin embargo, la ausencia de respuesta inmediata del Ejecutivo –que en su Primer Informe del 10 de octubre enfocó avances en bienestar rural sin aludir a la movilización– aviva temores de un “ataque sistemático” al campesinado, como advierten los organizadores.

Mientras el sol caía sobre el Zócalo, los cánticos persistían: “¡El pueblo unido jamás será vencido!”. La UPREZ anunció que, de no haber avances, escalarán con plantones indefinidos. En un México donde el cambio climático agrava la escasez –con 2.3 mil millones de personas en riesgo global, según la ONU–, esta marcha trasciende lo local: es un recordatorio de que la soberanía sobre el agua podría definir el futuro de la nación. ¿Responderá la 4T con derogaciones plenas, o el diálogo se convertirá en confrontación? La lucha, como Zapata, sigue viva.