Jaime Bonilla Valdez, inhabilitado por tres años en nuevo revés judicial
* Exgobernador de Baja California enfrenta sanción por irregularidades en planta fotovoltaica**
Por Fernando Olivas Ortiz
Mexicali, Baja California. – Jaime Bonilla Valdez, el primer mandatario estatal emanado de Morena en Baja California (2019-2021), continúa acumulando contratiempos legales. El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) lo inhabilitó por tres años para ocupar cargos públicos, en una resolución emitida el 8 de diciembre de 2025 y notificada al gobierno estatal al día siguiente.
La medida sancionatoria se origina en la participación directa de Bonilla Valdez en el procedimiento que culminó con la firma de un contrato plurianual con la empresa Next Energy para la construcción de una planta generadora de energía solar fotovoltaica, proyecto que nunca se concretó por falta de permisos federales y que involucró recursos públicos por decenas de miles de millones de pesos.
El TEJA determinó que el exgobernador incurrió en una falta administrativa grave al impulsar y autorizar el acuerdo sin las atribuciones legales correspondientes, ya que la generación de energía de este tipo es facultad exclusiva del gobierno federal. Esta inhabilitación impide a Bonilla, actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) tras su expulsión de Morena en 2023, contender por cargos de elección popular en las elecciones intermedias de 2027, salvo que impugne exitosamente la resolución.
La actual administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda canceló el proyecto al inicio de su mandato y recuperó 172 millones de pesos de recursos públicos comprometidos. Paralelamente, varios exfuncionarios de la gestión bonillista enfrentan procesos penales relacionados, incluido uno ya sentenciado a 19 meses de prisión.
Este fallo se suma a episodios previos en la trayectoria de Bonilla, como la fallida “Ley Bonillita” que intentó extender su mandato de dos a cinco años –invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2020 como un “fraude a la Constitución”–, consolidando una racha de reveses legales y políticos para el exmandatario, quien hasta el momento no ha emitido pronunciamiento público sobre la inhabilitación.
