Ciberasedio en Puebla: La Reforma que Amenaza la Libertad de Expresión
El reciente pronunciamiento del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP) ha puesto en el centro del debate una preocupante reforma al Código Penal del estado de Puebla, aprobada por la legislatura local y que introduce el delito de “ciberasedio”. Esta nueva legislación, lejos de proteger a la ciudadanía, representa una grave amenaza a la libertad de expresión, especialmente para los periodistas, y un retroceso en los principios democráticos que deben regir cualquier sociedad.
¿Qué es el “ciberasedio” según la reforma?
La reforma define el “ciberasedio” como el acto de “insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona” a través de plataformas digitales, como redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio en línea, siempre que se realice con la “insistencia necesaria” para causar un daño físico o emocional. Las sanciones contempladas incluyen penas de prisión de 11 meses a tres años, además de multas económicas.
Si bien la intención de combatir el acoso en línea podría parecer legítima, el problema radica en la ambigüedad de los términos utilizados. Conceptos como “insultar” o “ofender” son subjetivos y carecen de una definición clara, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales. Esta vaguedad podría ser aprovechada por autoridades o figuras públicas para sancionar críticas legítimas, especialmente aquellas provenientes de periodistas que investigan temas sensibles o exponen actos de corrupción.
Un peligro para el periodismo y la ciudadanía
El SNRP ha alertado que esta reforma no distingue entre el acoso genuino y el ejercicio periodístico, el cual frecuentemente implica cuestionar el poder o visibilizar problemas sociales. En un contexto donde los periodistas ya enfrentan amenazas, agresiones y precariedad laboral, esta legislación agrega una nueva herramienta para intimidar y silenciar a quienes ejercen un periodismo crítico y responsable.
Pero el riesgo no se limita a los profesionales de la comunicación: cualquier ciudadano que exprese opiniones en redes sociales podría ser señalado bajo esta norma, lo que limita el derecho a la libre expresión de toda la población.
La falta de diálogo con la sociedad civil y los gremios periodísticos durante el proceso legislativo agrava la situación. La reforma, impulsada principalmente por legisladores de Morena y partidos aliados, ignoró las advertencias de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la prensa, lo que evidencia una preocupante desconexión con las necesidades de la ciudadanía.
Una amenaza a la democracia
La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia, ya que permite el escrutinio público, la rendición de cuentas y el debate plural. Sin embargo, leyes como la de “ciberasedio” en Puebla pueden ser utilizadas para controlar el discurso público y desincentivar la crítica, disfrazando la censura de justicia. Esta situación no solo contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también contradice el espíritu de apertura que debería caracterizar a un gobierno democrático.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México ha calificado esta reforma como un atentado contra la libertad de expresión, un señalamiento que respalda el SNRP y que ha sido acompañado por un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar a fondo esta legislación. Este pronunciamiento refleja la gravedad del problema y la necesidad de actuar con urgencia para proteger los derechos fundamentales en Puebla.
Un llamado a la acción
El SNRP ha anunciado que dará seguimiento a este caso hasta lograr la derogación total de esta reforma, considerada una agresión a las garantías individuales. Asimismo, ha convocado a los periodistas de México a mantenerse vigilantes y a documentar cualquier abuso derivado de la aplicación de esta ley. La organización subraya que la lucha por la libertad de expresión es una tarea colectiva que requiere la solidaridad de todos los sectores de la sociedad.
En un momento en que las democracias enfrentan retos globales, como la desinformación y la polarización, es más importante que nunca garantizar que las voces críticas puedan expresarse sin temor a represalias. La reforma de “ciberasedio” en Puebla no solo pone en riesgo el trabajo periodístico, sino que debilita el derecho de todos los ciudadanos a informarse y participar en el debate público.
Conclusión
La libertad de expresión no es negociable. La reforma al Código Penal de Puebla, con su definición ambigua y su potencial para ser utilizada como herramienta de censura, representa un retroceso inaceptable para los derechos humanos y la democracia. Es imperativo que las autoridades escuchen las críticas, deroguen esta legislación y promuevan un diálogo inclusivo que garantice el respeto a las libertades fundamentales. Como sociedad, debemos rechazar cualquier intento de normalizar la censura y defender el derecho a informar, opinar y cuestionar sin miedo. El SNRP, junto con la ciudadanía, tiene un papel crucial en esta batalla por preservar la democracia y la verdad.