México en el Umbral: Sucesión Criminal, Captura del Estado y el Nuevo Ciclo de Violencia

* La sucesión criminal no ocurre en la sierra: ocurre dentro de las instituciones que el miedo ya aprendió a gobernar

_{Por Mario López Ayala*}

Tapalpa, febrero de 2026, no es solo un punto en el mapa. Es un recordatorio brutal de que, cuando el Estado golpea a un líder de alto valor, lo que sigue rara vez es “paz”. Lo que sigue es reacomodo. Según reportes públicos de estos días, el operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes activó un patrón inmediato de represalia, con bloqueos, incendios, ataques y una ola de tensión que se extendió mucho más allá de Jalisco.

La primera tentación del poder, y también del público, es leer el hecho como final de capítulo. No lo es. Es un cambio de ritmo. En criminología estratégica, los golpes de decapitación pueden producir dos efectos opuestos: continuidad bajo un mando sustituto o fragmentación con múltiples mandos regionales. La paradoja es que, para la población, ambos escenarios pueden sentirse igual o peor. La continuidad preserva la maquinaria y la disciplina, la fragmentación multiplica focos de violencia y extorsión. La diferencia real no está en el organigrama criminal, sino en la capacidad estatal para impedir que esa transición ocurra dentro del aparato público.

Aquí aparece el verdadero “umbral”. El CJNG no se volvió una potencia solo por su músculo armado. Se volvió sistémico por su habilidad para operar como red: logística, control territorial, economías ilegales diversificadas y, sobre todo, una ingeniería de corrupción que coloniza lo que es débil. El municipio suele ser la fisura principal: policía mal pagada, presupuesto mínimo, amenazas directas, elecciones vulnerables, y una población que aprende a sobrevivir negociando con el actor armado más cercano. Lo estatal y lo federal pueden tener narrativa y despliegue; lo municipal tiene, o pierde, la calle. Y cuando se pierde la calle, se pierde el Estado, aunque el Estado siga existiendo en el papel.

Por eso el “día después” no se juega solo en operativos. Se juega en cabildos, comandancias, fiscalías locales, juzgados saturados, oficinas de catastro, notarías, aduanas, y en el punto ciego más rentable: la economía formal usada como camuflaje. La captura del Estado, en su forma moderna, no exige que un cártel “convierta” a sus miembros en senadores o jueces. Le basta con algo más eficiente: colocar intermediarios, financiar campañas, imponer candidatos por miedo o dinero, comprar decisiones procesales, y administrar la impunidad como una cadena de suministro. Es una cooptación por capas. Y esas capas no se desmontan con un solo operativo.

El impacto colateral ya no es únicamente balístico. También es psicológico e informacional. Después del operativo, se documentó una ola de desinformación en redes, con relatos inflados y piezas fabricadas que buscaban sembrar pánico y magnificar el poder del cártel. Ese frente es clave porque el crimen organizado contemporáneo no solo mata o extorsiona; también gobierna percepciones. Si el Estado pierde la narrativa de control, la ciudadanía “vota” con su conducta: se encierra, paga cuotas, normaliza, deja de denunciar, se acostumbra.

La gran pregunta para el gobierno de Claudia Sheinbaum no es si puede dar golpes quirúrgicos. Es si puede sostener la fase dos, la menos fotogénica y la más determinante: consolidación institucional y gobernanza local. Reportes recientes describen el operativo como un movimiento de alto riesgo político, precisamente porque obliga al Estado a administrar el rebote de violencia y el vacío de poder sin permitir que el cártel reconstituya mando o se fragmente en células aún más impredecibles.

En paralelo está el frente financiero, donde el éxito real se mide en años, no en horas. La UIF puede congelar, rastrear, coordinar, pero si no hay judicialización eficaz, decomiso sostenido y persecución del beneficiario final, la red se adapta. El CJNG y estructuras asociadas han sido señaladas por autoridades estadounidenses como redes que usan facilitadores, empresas y mecanismos de ocultamiento para mover valor y recomprar protección. El golpe a una cabeza sin asfixia financiera suele producir una criatura que respira por otros pulmones.

El componente internacional complica el tablero. La presión de Estados Unidos opera con su propio reloj: fentánilo, sobredosis, agenda electoral, sanciones, listas. México opera con otro: soberanía, opinión pública, federalismo roto, justicia lenta. Y entre ambos aparece un dilema operativo: la cooperación en inteligencia puede ser decisiva para localizar objetivos, pero si la narrativa doméstica se percibe como subordinación, el Estado se erosiona desde dentro. El reto no es cooperar o no cooperar; es cooperar sin perder mando político interno y sin alimentar el discurso criminal de “Estado intervenido”.

Si ampliamos el lente histórico, el arco desde Echeverría hasta hoy muestra una evolución consistente: pasamos de un narcotráfico de corredores y “pactos periféricos” a un crimen organizado con capacidad de gobernanza territorial. En los setenta y primeros ochenta, el fenómeno se movía como economía ilícita tolerada y gestionada en márgenes. En los ochenta y noventa, con presión binacional y reacomodos internos, se aceleró la profesionalización de redes y la corrupción de alto impacto. Con la transición democrática y la recomposición de élites locales, se abrieron vacíos de control que muchas organizaciones llenaron con fuerza. La militarización posterior golpeó cúpulas, sí, pero también fragmentó y multiplicó actores. El resultado fue un mercado de violencia más competitivo, más predatorio y con mayor penetración local.

La novedad del presente ciclo es esta: el poder criminal ya no compite solo por rutas. Compite por funciones del Estado. Controlar una policía municipal equivale a controlar detenciones y liberaciones. Controlar una fiscalía local equivale a fabricar o enterrar expedientes. Controlar un juzgado equivale a modular medidas cautelares. Controlar un ayuntamiento equivale a capturar obra pública, permisos, giros comerciales, y acceso privilegiado al territorio. Es una administración de la realidad. Y esa administración es la que define la sucesión criminal mucho más que el rumor de quién hereda la plaza.

Por eso Tapalpa importa, pero no como mito. Importa como umbral: o México convierte este golpe en punto de inflexión para reconstruir control local, fortalecer investigación, blindar elecciones municipales, profesionalizar policías, y desarticular finanzas con procesos sólidos, o el golpe se vuelve un episodio heroico en una guerra que sigue igual. Un Estado que solo golpea, pero no ocupa, deja el espacio listo para el relevo. Y un Estado que ocupa sin depurar se convierte en botín.

La ciudadanía, mientras tanto, paga el costo más íntimo: la ansiedad colectiva, el aprendizaje del miedo, la erosión del futuro. En ese terreno, el crimen organizado no necesita ganar siempre. Solo necesita que el Estado falle lo suficiente como para que la gente acepte que “así es”. Ese es el nuevo ciclo de violencia: menos espectacular en algunos lugares, más administrado, más cotidiano, más fiscal, más institucional. Más difícil de ver y más difícil de desarmar.

_{* Mario López Ayala es columnista de análisis estratégico en Phoenix24. Escribe sobre seguridad informacional, psicología política y poder narrativo.}