Sólo acepta halagos la 4T: niega por sistema cualquier falla en sus obligaciones legales

*Crisis de desaparecidos en México: choque entre la ONU y el gobierno reabre un patrón de confrontación internacional

* Concluyó que la magnitud y el patrón de las desapariciones forzadas reflejan ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil

* Demandan análisis forense e investigación de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado

* Colectivos de madres buscadoras y familiares han destacado el alto riesgo que enfrentan, con casos documentados de buscadoras asesinadas o desaparecidas

Ciudad de México, 4 de abril de 2026. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitar al secretario general, António Guterres, que remita con urgencia el caso de México a la Asamblea General ha detonado un nuevo conflicto diplomático. El CED consideró que existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, en el contexto de “ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil”.

La medida, inédita en la historia del Comité para el caso mexicano, busca que la Asamblea General considere medidas de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. No se trata de un juicio penal directo, sino de movilizar apoyo internacional ante la “gravedad excepcional” del fenómeno.

Esta controversia, amplificada por la cobertura del diario La Jornada del 3 de abril de 2026, revive un patrón recurrente de confrontación del oficialismo mexicano con diagnósticos externos sobre derechos humanos, que se remonta al menos a 2018 y se extiende a la actual administración.

1. El detonante: una decisión “excepcional” de la ONU

El 2 de abril de 2026, el CED publicó su decisión bajo el artículo 34, un mecanismo reservado para situaciones de especial gravedad. El Comité basó su análisis en información de la sociedad civil, la respuesta del Estado mexicano de septiembre de 2025, exámenes periódicos desde 2012, su visita al país en 2021 y solicitudes de acción urgente de víctimas. Concluyó que la magnitud y el patrón de las desapariciones forzadas reflejan ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, con posibles responsabilidades del Estado por acción, omisión o aquiescencia.

Datos oficiales recientes sitúan el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en más de 132.534 casos acumulados, de los cuales alrededor de 130.178 corresponden al periodo 2006-2026. El gobierno ha iniciado una depuración de registros, clasificándolos en tres grupos: 36% con datos insuficientes, 31% con actividad posterior detectable y 33% (aproximadamente 43.128) con datos completos y sin rastro posterior. Organizaciones civiles advierten riesgos de subregistro y manipulación estadística, mientras el Ejecutivo enfatiza inconsistencias en las carpetas.

1. La respuesta del gobierno mexicano: rechazo frontal

La reacción oficial fue inmediata y conjunta de las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE). En un comunicado emitido el 2 de abril de 2026, el gobierno calificó el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, basado en “premisas que no reflejan la realidad actual del país” y con una “interpretación excesiva” del concepto de desaparición forzada.

Además, sostuvo que:

– El Estado mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.

– El fenómeno es atribuible principalmente al crimen organizado, no a una política sistemática estatal.

– El Comité omitió avances institucionales desde 2019 (y particularmente desde 2025), como la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación inmediatas y la Base Nacional de Carpetas.

La SRE y Segob lamentaron que el CED rechazara estudiar información actualizada presentada por México el 27 de marzo de 2026. Esta postura se repite en declaraciones recogidas por medios como El País, CNN y Xinhua, donde la administración insiste en que no existe una política sistemática de desapariciones por parte del Estado.

III. El papel de La Jornada: defensa editorial del oficialismo

El diario La Jornada, históricamente cercano a posiciones gubernamentales, reforzó la narrativa oficial en su edición del 3 de abril de 2026. Titulares como “México rechaza informe ‘sin rigor y tendencioso’ de la ONU sobre desapariciones” y “Tendencioso y superficial, el informe de la ONU sobre desapariciones: SG y SRE” enfatizaron la falta de rigor del Comité, los avances institucionales del gobierno y minimizaron el alcance de las conclusiones internacionales.

Sin embargo, incluso en sus páginas emergen matices: reportajes incluyen voces de colectivos de buscadores (de Puebla, Morelos, Jalisco y otros estados) que reconocen algunos avances, pero califican la respuesta gubernamental como “defensiva” y lamentan la persistencia de la impunidad.

1. La otra narrativa: víctimas, colectivos y organismos civiles

Frente al rechazo oficial, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) e i(dh)eas han respaldado la intervención del CED. Calificaron la decisión como “histórica” e “inédita”, necesaria para dimensionar la crisis y garantizar derechos a la verdad, justicia y reparación.

Estas organizaciones denunciaron que la reacción del gobierno “minimiza la gravedad del fenómeno” y evidencia contradicciones en su política de cooperación internacional. Colectivos de madres buscadoras y familiares han destacado el alto riesgo que enfrentan, con casos documentados de buscadoras asesinadas o desaparecidas, reflejando abandono institucional y niveles de impunidad superiores al 99% en muchos casos.

1. Un patrón histórico: confrontaciones con organismos internacionales

La polémica actual no es aislada. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y bajo la actual administración, se ha consolidado un patrón de confrontación con organismos internacionales en materia de derechos humanos. Ejemplos documentados incluyen:

1. ONU (2019-2022): señalamientos sobre desapariciones, militarización y uso de fuerzas armadas en seguridad pública; respuestas oficiales de “descontextualización” o “visiones parciales”.
2. Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: críticas al modelo de seguridad; respuestas gubernamentales acusándolas de parcialidad.
3. OEA y CIDH: observaciones sobre violencia, impunidad y ataques a periodistas; rechazo por “injerencismo”.
4. Caso Ayotzinapa: informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH cuestionados o rechazados por el gobierno.

Este patrón se caracteriza por tres constantes: descalificación del diagnóstico externo, reivindicación de la soberanía nacional y narrativa de “avances internos” frente a críticas.

1. Comparación internacional: gobiernos “de izquierda” y la crítica externa

El caso mexicano se inscribe en una tendencia regional donde gobiernos autodenominados progresistas han reaccionado de forma similar ante críticas de organismos multilaterales:

1. **Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva): cuestionamientos a informes sobre deforestación en la Amazonía y seguridad, acusando sesgos ideológicos.
2. Ecuador (Rafael Correa): descalificación sistemática de la CIDH y acusaciones de agendas políticas a ONG y organismos.
3. Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro): rechazo constante a informes de la ONU, denuncias de “intervencionismo” y salida de instancias interamericanas de derechos humanos.

Rasgos comunes: defensa enfática de la soberanía, señalamiento de parcialidad ideológica y uso de medios afines para reforzar la narrativa oficial.

VII. El fondo del conflicto: cifras, narrativa y responsabilidad

El núcleo de la controversia radica en tres ejes:

1. La cifra real de desaparecidos: El gobierno depura registros para corregir inconsistencias (más de 130.000 casos desde 2006), mientras críticos advierten subregistro y riesgo de manipulación estadística.
2. La responsabilidad del Estado: El CED señala posibles responsabilidades por acción, omisión o tolerancia; el gobierno centra la culpa en el crimen organizado.
3. La narrativa política: El oficialismo enfatiza avances, cooperación selectiva y soberanía; críticos hablan de crisis humanitaria e impunidad estructural.

VIII. Conclusión: una crisis que trasciende el discurso

La confrontación entre el CED de la ONU y el gobierno mexicano no es solo un desacuerdo técnico, sino un conflicto político y narrativo sobre la naturaleza del Estado frente a una de las crisis más profundas del país. Mientras el Ejecutivo defiende su legitimidad y avances, organismos internacionales y colectivos advierten que la magnitud del fenómeno exige reconocimiento pleno, que la cooperación internacional no puede condicionarse a la narrativa oficial y que las desapariciones constituyen una emergencia humanitaria persistente.

El choque actual, amplificado por medios como La Jornada, revela una tensión estructural: la dificultad de conciliar soberanía política con escrutinio internacional en materia de derechos humanos. En el centro de esta disputa no están solo cifras o informes, sino más de cien mil historias inconclusas de familias que exigen verdad y justicia.

Lista de casos documentados de inconformidad y descalificación por parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum (como Jefa de Gobierno de la CDMX 2018-2024 y Presidenta desde 2024) ante informes de organizaciones internacionales y nacionales sobre violaciones a los derechos humanos (por acción, omisión o permisibilidad).

Los gobiernos de AMLO y Sheinbaum han mostrado un patrón recurrente de rechazo a diagnósticos críticos de organismos como la CIDH (y su GIEI), la ONU, el Departamento de Estado de EE.UU., Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y organizaciones nacionales como Artículo 19. Las respuestas suelen incluir calificativos como “tendencioso”, “falso”, “parcial”, “falto de rigor jurídico”, “interferencia extranjera” o acusaciones de sesgo conservador/financiamiento externo, descalificando a los autores.

A continuación, una lista cronológica y temática de los principales casos verificados (no exhaustiva, pero con fuentes primarias y oficiales precisas).

1. Caso Ayotzinapa y los informes del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH/OEA) – 2019-2026 (AMLO y Sheinbaum) El GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha emitido múltiples informes sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas (2014). Aunque el gobierno de AMLO reabrió el caso y creó la Comisión para la Verdad (2018), hubo tensiones crecientes: el GIEI cuestionó la falta de entrega de información militar clave, la “verdad histórica” previa y obstrucciones. Respuesta de AMLO: En septiembre de 2023, calificó de “falso” que el Ejército no entregara toda la información y acusó a “seudo defensores de derechos humanos” y al GIEI de manipulación y querer “desprestigiar a la institución castrense”. En 2022, respaldó al subsecretario Alejandro Encinas tras descalificaciones del GIEI a evidencias presidenciales.

Respuesta de Sheinbaum (2026): En marzo de 2026, afirmó que los integrantes del GIEI “no están muy abiertos” a nuevas líneas de investigación del fiscal especial y criticó que desecharon pistas (ej. funeraria de Iguala).

Fuentes precisas: Conferencia matutina de AMLO (20 sep. 2023, La Jornada); declaración de Sheinbaum (Proceso, 25 mar. 2026); informes GIEI (2022-2023) y respuesta oficial.

jornada.com.mx +1

2. Informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU – marzo/abril 2026 (Sheinbaum) El CED concluyó indicios de desapariciones forzadas “generalizadas o sistemáticas” (posibles crímenes de lesa humanidad) y urgió investigaciones. El informe se centró en patrones 2009-2017 pero señaló omisiones persistentes. Respuesta oficial: El gobierno (SRE y Segob, 2 abr. 2026) rechazó el informe por ser “tendencioso”, “falto de rigor jurídico”, “parcial y sesgado”. Acusó omisión de avances institucionales desde 2018 (especialmente 2025), rechazo a información actualizada del Estado, ligereza en premisas y posibles “conflictos de interés” de integrantes (uno trabajó con organizaciones que presentaron quejas contra México). Negó “desaparición forzada desde el Estado” y afirmó que “no tolera, permite ni ordena” tales actos. Sheinbaum y Morena reiteraron que no hay política estatal.

Fuente oficial: Comunicado conjunto SRE-Segob (gob.mx, 2 abr. 2026). Organizaciones como Centro Prodh y CEJIL lamentaron el rechazo.

gob.mx +2

3. Informes anuales del Departamento de Estado de EE.UU. sobre Derechos Humanos en México – 2021, 2023 y 2024 (AMLO) Los informes documentaron violaciones sistemáticas: ataques a periodistas, desapariciones, abusos de fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y militarización. Respuesta de AMLO: En 2021, criticó la mención a Artículo 19 y defendió a funcionarias cuestionadas. En marzo 2023 lo llamó “bodrio” y “anacrónico”. En abril 2024 lo rechazó por violar soberanía, “Doctrina Monroe” y actuar como “jueces del mundo”. Acusó financiamiento externo a ONG críticas y contradicciones de EE.UU.

Fuentes precisas: Conferencia matutina AMLO (23 abr. 2024 y 31 mar. 2021, La Jornada); Forbes (22 mar. 2023).

jornada.com.mx

4. Informe de Artículo 19 (nacional, con respaldo internacional) y Amnistía Internacional – marzo/abril 2021 (AMLO) Artículo 19 documentó agresiones a periodistas y libertad de expresión en el informe del Departamento de Estado de EE.UU. Respuesta de AMLO: Acusó a Artículo 19 de estar “financiada por empresas extranjeras y hasta por el Departamento de Estado”, pertenecer al “movimiento conservador” y estar “en contra” de su gobierno.

Reacción de Amnistía Internacional: Emitió comunicado de apoyo a Artículo 19 y rechazó los ataques de AMLO como intento de desviar atención de la impunidad.

Fuentes: Conferencia matutina AMLO (31 mar. 2021); Infobae y Artículo 19 (1 abr. 2021).

infobae.com

5. Informes anuales de Human Rights Watch (HRW) y otros (2019-2026, AMLO y Sheinbaum) HRW ha criticado retrocesos democráticos, abusos del Ejército, impunidad en desapariciones y falta de contrapesos (Informe Mundial 2024-2026). Respuesta: Los gobiernos han respondido con descalificaciones generales a “organismos internacionales” por sesgo o injerencia (patrón similar a casos anteriores). En 2026, HRW señaló que Sheinbaum “heredó graves problemas” de AMLO sin avances sustanciales; el gobierno prioriza negar “desaparición forzada desde el Estado”.

Fuentes: Informe Mundial HRW 2026; respuestas oficiales en conferencias y comunicados.

hrw.org

Negación igual a impunidad

Estos casos ilustran una estrategia consistente: reconocer problemas heredados de sexenios anteriores (Calderón/Peña) mientras se niega responsabilidad actual por acción/omisión y se descalifica a los emisores de los informes como tendenciosos o parciales. No se registran condenas penales masivas ni aceptación plena de las recomendaciones en los casos citados. Las fuentes provienen de comunicados oficiales (gob.mx), conferencias presidenciales y medios como La Jornada, Proceso, Infobae y El País (acceso directo a documentos 2021-2026).

La inconformidad de Claudia Sheinbaum con el peritaje de DNV sobre
el colapso de la Línea 12 (Línea Dorada) del Metro de la CDMX

elpais.com

El 3 de mayo de 2021, un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco, colapsó alrededor de las 22:25 horas. Dos vagones cayeron formando una “V” icónica. El accidente dejó 26 personas fallecidas y más de 100 heridas. La Línea 12, conocida como la Línea Dorada por su color, era la más moderna y costosa del sistema, inaugurada en 2012.

nytimes.com

Claudia Sheinbaum Pardo, entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018-2024), asumió de inmediato la coordinación de la respuesta. Horas después del siniestro, anunció que su administración contrataría un peritaje internacional independiente a cargo de una empresa especializada, además del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX). El objetivo: determinar las causas técnicas con “garantía de calidad, imparcialidad e independencia”.

informador.mx

1. El encargo del peritaje a DNV: una decisión de Sheinbaum

El 4 de mayo de 2021, Sheinbaum confirmó la contratación de Det Norske Veritas (DNV), empresa noruega líder en gestión de riesgos y peritajes estructurales, por un monto aproximado de 20 millones de pesos. Se pactaron tres fases:

Fase I: Predictamen técnico (preliminar).

Fase II: Causas inmediatas del colapso.

Fase III: Análisis causa-raíz (raíces sistémicas).

 

El contrato se firmó directamente con el Gobierno de la CDMX (a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil). Sheinbaum lo presentó como una garantía de objetividad.

 

elpais.com +1

2. Los primeros reportes de DNV (2021): respaldo inicial de Sheinbaum Junio de 2021 (Fase I): DNV concluyó que el colapso se debió a una falla estructural por deficiencias en la construcción: pernos (bulones) mal colocados o ausentes, soldaduras deficientes y falta de adherencia entre concreto y acero. No se cumplieron estándares internacionales (como AASHTO). Sheinbaum presentó públicamente el informe y lo respaldó.

 

nytimes.com +1

Septiembre de 2021 (Fase II): Ratificó las fallas de construcción como causa inmediata. Descarto, en ese momento, el mantenimiento como origen principal del colapso. Nuevamente, Sheinbaum lo aceptó y lo usó para señalar responsabilidades en la administración de Marcelo Ebrard (2006-2012, época de construcción).

 

elpais.com

Hasta aquí, DNV era calificada por el gobierno como “imparcial” y sus conclusiones fueron difundidas sin reservas.3. El tercer reporte (Fase III, causa-raíz, 2022): el punto de quiebre El informe final se entregó el 28 de febrero de 2022 (con retraso respecto al plazo original de octubre de 2021). Usó la metodología BSCAT (Análisis Causal Sistemático basado en Barreras), que identifica “barreras de seguridad” fallidas. DNV concluyó que el colapso fue resultado de cuatro barreras concurrentes que, de haberse atendido cualquiera de forma integral, se habría evitado la tragedia: Diseño: No cumplía estándares internacionales de puentes.

Construcción y supervisión: Desvíos de planos aprobados, falta de certificación independiente y ausencia de seguimiento a alertas.

Instalación de componentes: Pernos defectuosos que generaron fatiga por distorsión y falla en cascada tras años de operación.

Inspecciones y mantenimiento: No existen registros de inspecciones obligatorias entre 2012 y 2019 (el manual exigía revisiones cada 3-6-12 meses). No se documentó mantenimiento en el tramo colapsado. Daños visibles en fotos callejeras. Inspecciones post-sismos (2017, 2020) fueron limitadas. Esta barrera involucra a las tres administraciones: Ebrard (construcción), Miguel Ángel Mancera (2012-2018) y Sheinbaum (2018-2024).

 

elpais.com

El reporte interpela explícitamente a las tres gestiones: “De haberse atendido todos estos problemas, se habría evitado el colapso”.

 

independentespanol.com

4. La inconformidad de Sheinbaum: rechazo público y acciones legales

A un año del accidente (principios de mayo de 2022), Sheinbaum anunció en conferencia de prensa la rescisión del contrato con DNV y la interposición de una demanda civil (y posible penal). Calificó el tercer informe con estas palabras exactas: “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”.

 

elpais.com +1

Razones argumentadas por el gobierno de Sheinbaum (detalladas el 11 de mayo de 2022 en un informe de inconsistencias presentado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil): No siguió la metodología BSCAT pactada (falta de hipótesis alternativas, ausencia de jerarquía entre causas).

Contradicciones internas (ej.: sobre la resistencia de los pernos y el uso de imágenes de Google Street View como evidencia, que el gobierno consideró inválidas).

 

Entrega tardía.

Intento de “sembrar” el mantenimiento como causa equivalente a las fallas de construcción, pese a que los reportes previos lo descartaban como origen. “Muchos intereses detrás” (Sheinbaum aludió a uso político por opositores).

 

infobae.com

Inicialmente, el gobierno se negó a publicar el documento completo. Tras filtración exclusiva por El País (9 de mayo de 2022) y presión mediática, lo transparentó en el portal de transparencia de la CDMX y explicó las “inconsistencias”. Sheinbaum insistió: “Ninguna inspección de mantenimiento pudo haber detectado fallas en el diseño” y “estamos muy tranquilos y seguros de lo que hicimos”.

 

elpais.com

5. Respuesta de DNV y contexto adicional DNV defendió su trabajo: “El informe se produjo sin que estuviera involucrado ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés” y cumplió con los requisitos contractuales y procesos internos de calidad. Negó haber cambiado especialistas o incurrir en sesgos.

 

elpais.com

Algunos medios y opositores mencionaron un posible conflicto por un abogado de DNV que había litigado contra el gobierno federal en 2012, pero DNV lo desestimó y el gobierno de Sheinbaum no lo sustentó como argumento principal en sus documentos técnicos.

 

contralacorrupcion.mx

 

6. Consecuencias y debate posterior

No hubo responsables penales condenados por el colapso a la fecha de los hechos reportados.

La Línea 12 permaneció parcialmente cerrada y en proceso de reconstrucción.

Víctimas y familiares criticaron la falta de justicia y el rechazo del peritaje.

Políticamente, el caso generó acusaciones de impunidad y uso selectivo de peritajes (Sheinbaum enfatizó fallas de Ebrard, mientras el reporte final incluía su gestión en mantenimiento).

 

washingtonpost.com

 

Fuentes principales consultadas (todas de 2021-2022, con acceso directo a documentos y conferencias):
El País (artículos del 5, 9 y 10 de mayo de 2022, con acceso exclusivo al reporte Fase III).

 

elpais.com

Infobae (11 de mayo de 2022: “Paso a paso: por qué CDMX rechazó el peritaje”).

infobae.com. Comunicados oficiales del Gobierno de la CDMX y portal de transparencia.

Reportes preliminares de DNV publicados por el propio gobierno en 2021.

Declaraciones de Sheinbaum en conferencias de prensa (mayo 2022).

Este caso ilustra las tensiones entre un peritaje contratado por el propio gobierno y su rechazo cuando las conclusiones involucraron responsabilidades compartidas más allá de la construcción inicial. El peritaje de DNV sigue siendo uno de los más completos disponibles públicamente, aunque el gobierno de Sheinbaum lo consideró inválido para efectos oficiales.

José G. Muñoz