Suprema Corte obliga a legislar revocación de mandato, pero Congreso de BC incurre en presunto desacato: nuevo litigio impulsa Jesús Conrado Medina Navarro
* El promovente exige el cumplimiento estricto de la sentencia de la Corte, la anulación de las modificaciones que dilatan o restringen indebidamente el mecanismo
Por Fernando Olivas Ortiz
Mexicali, Baja California, 11 de enero de 2026. — El licenciado Jesús Conrado Medina Navarro, militante de Morena y persistente litigante en defensa de derechos político-electorales, continúa su batalla jurídica para hacer efectiva la “revocación de mandato” en Baja California, tras una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que evidenció la omisión legislativa del Congreso local.
La “Segunda Sala” de la SCJN concedió el amparo indirecto (en revisión 651/2023 y 752/2024) promovido por Medina Navarro, reconociendo la “omisión absoluta del Poder Legislativo estatal en armonizar la Constitución local con la reforma federal de 2019 que incorporó este mecanismo de participación ciudadana.
La Corte ordenó al Congreso legislar “a la brevedad” —con un plazo inicial de tres días hábiles en la notificación— para regular la revocación de mandato en la entidad.
Sin embargo, los diputados cumplieron formalmente con la orden, pero modificaron la Constitución estatal de manera que, según el actor, “elude el cumplimiento real” de lo dispuesto en el “Artículo 6 transitorio” de la reforma constitucional federal, impidiendo que los bajacalifornianos ejerzan este derecho en el periodo actual o en condiciones acordes a la norma suprema. Esta acción ha sido calificada por Medina Navarro como un “desacato” a la ejecutoria de la SCJN.
Ante esta situación, se ha originado un “nuevo litigio en el que el Congreso del Estado, a través de su representante legal, enfrenta nuevamente al licenciado Medina Navarro.
El promovente exige el cumplimiento estricto de la sentencia de la Corte, la anulación de las modificaciones que dilatan o restringen indebidamente el mecanismo, y la garantía plena del derecho ciudadano a la revocación de mandato, reconocido como instrumento de rendición de cuentas y democracia directa.
Medina Navarro ha enfatizado que la revocación de mandato no es un capricho, sino un “derecho constitucional”, otorgado a los bajacalifornianos para evaluar y, en su caso, remover a servidores públicos cuando pierdan la confianza popular.
Su lucha, iniciada desde 2023 con el amparo 549/2023 y escalada mediante recursos de revisión hasta la atracción de la SCJN en 2025, busca sentar precedente para evitar omisiones similares en otras entidades.
Hasta el momento, el Congreso defiende la legalidad de sus reformas, mientras que el caso se encuentra en trámite judicial. De resolverse a favor del actor, podría habilitarse el procedimiento de revocación en Baja California en un futuro inmediato, fortaleciendo la participación ciudadana en la entidad.