La violencia vicaria: una tortura silenciosa que destruye vidas
* La crueldad que usa a los hijos como arma contra las madres
Por Fernando Olivas Ortiz
La violencia vicaria se ha consolidado como una de las formas más perversas de agresión contra las mujeres en México. Definida en la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” —reformada en 2024 para incluirla expresamente— como la acción u omisión cometida por quien mantiene o mantuvo una relación afectiva con la víctima, con la intención de causarle daño separándola de sus hijas, hijos o personas vinculadas significativamente, a través de retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenazas o mecanismos jurídicos que obstaculizan el vínculo materno-filial.
Esta violencia no surge de la nada: casi siempre es la continuación extrema de un historial de violencias previas —psicológica, económica, patrimonial y física— que la mujer ha soportado dentro del hogar. El detonante suele ser la decisión de la víctima de romper con esa relación tóxica. Para muchos agresores, el anuncio de separación y la posible exigencia de pensión alimenticia representan una afrenta intolerable. En respuesta, recurren a lo más doloroso: instrumentalizar a los hijos e hijas como medio para infligir sufrimiento prolongado a la madre.
Las consecuencias son devastadoras. Hay mujeres que pasan años sin ver a sus hijos, lo que mina su salud emocional, física y existencial. Otras, aun conservando la guarda, viven bajo persecución sistemática: son obligadas a “convivencias” humillantes bajo supervisión judicial, donde enfrentan vejámenes mientras el Estado —a través de jueces y servidores públicos muchas veces permeados por visiones patriarcales— parece velar por todo menos por la justicia y el interés superior de la niñez.
Como periodista he documentado decenas de casos con patrones alarmantemente similares. Hace pocos días conversé con una madre cuya hija le fue sustraída por el padre y llevada a otra entidad federativa; lleva años sin verla. “Estos días de fiestas me dejan quebrada del cuerpo y del alma”, me confesó con la voz rota. En otro caso presencié la lucha desesperada de una mujer contra su expareja —un juez federal— quien utilizó todo el aparato de la justicia para arrebatarle a su hijo.
Aunque en 2025 y 2026 se han registrado avances legislativos en varias entidades —con tipificación penal en más de 20 estados y sanciones que alcanzan hasta 7 o 10 años de prisión en algunos códigos locales—, la cifra negra sigue siendo enorme. Muchas denuncias no prosperan por falta de protocolos adecuados, desconocimiento de las autoridades o resistencias institucionales.
La violencia vicaria no solo destruye a las madres: convierte a niñas y niños en verdaderos mártires, expuestos a separación forzada, manipulación emocional y, en casos extremos, maltrato directo. Deja secuelas profundas: ansiedad, depresión y estrés postraumático que los acompañarán toda la vida.
Es urgente que el sistema de justicia deje de ser cómplice pasivo. Se necesitan jueces capacitados en perspectiva de género, protocolos homologados de atención inmediata, y sobre todo, voluntad política para que la protección de las infancias no sea un discurso vacío.
Mientras una madre más siga quebrándose en silencio durante las fiestas, mientras un niño más crezca creyendo que su madre lo abandonó, la violencia vicaria seguirá siendo una herida abierta en la sociedad mexicana. Visibilizarla, sancionarla y prevenirla no es solo una deuda con las mujeres: es una obligación ineludible con las nuevas generaciones.