𝙋𝙚𝙧𝙞𝙤𝙙𝙞𝙨𝙩𝙖𝙨 𝙚𝙣 𝘾𝙝𝙞𝙖𝙥𝙖𝙨, 𝙪𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙪𝙙𝙖 𝙙𝙚 𝙨𝙖𝙣𝙜𝙧𝙚 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙭𝙞𝙜𝙚 𝙟𝙪𝙨𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖

* Las organizaciones de periodistas y comunicadores en Chiapas, emitieron un pronunciamiento público dirigido a los tres niveles de gobierno y a los organismos de derechos humanos.

Políticamente Incorrecto // Javier Opón

Tuxtla Gutiérrez, Chis. México.- Chiapas tiene una deuda histórica con el gremio periodístico. Una deuda que no se paga con discursos ni con buenas intenciones, sino con investigaciones serias, con castigo a los responsables y con garantías reales para quienes ejercemos la libertad de expresión en un estado donde callar a veces parece la única opción segura.

Desde los años noventa, cuando la memoria empieza a dolerme, recuerdo el asesinato de Roberto Mancilla en la colonia 24 de junio. Un periodista que, se dice, tenía información sensible que involucraba al entonces gobernador José Patrocinio González Garrido, el mismo señalado por la muerte de al menos una decena de homosexuales entre 1991 y 1992. Crímenes que hasta hoy, décadas después, siguen sin resolverse. Crímenes que la comunidad LGBTIQ+ sigue exigiendo esclarecer, mientras el silencio oficial se volvió cómplice.

Ya en este milenio, la represión no cesó. Durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, varios periodistas fueron encarcelados. Nombres como Ángel Mario Sheratto y Conrado de la Cruz se volvieron símbolos de una persecución que obligó a otros colegas a buscar el autoexilio para salvar el pellejo. La libertad de expresión, en aquellos años, era una moneda de cambio peligrosa.

Y luego vinieron los golpes más recientes, los que aún duelen fresco:

· 21 de septiembre de 2018: Asesinato de Mario Leonel Gómez Sánchez en Yajalón.

· 28 de octubre de 2021: Asesinato de Fredy López Arévalo en San Cristóbal de Las Casas.

· 28 de junio de 2024: Hallazgo del cuerpo de Víctor Alfonso Culebro Morales, director del medio Realidades, en las cercanías del ejido Tierra y Libertad, municipio de Jiquipilas.

Tres nombres. Tres historias. Tres crímenes que, como tantos otros, claman justicia desde la tumba mientras los responsables, en muchos casos, gozan de impunidad.

Ante este panorama desolador, las organizaciones de periodistas y comunicadores en Chiapas —Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, Red de Mujeres Periodistas, Asociación de Columnistas Chiapanecos, Asociación Nacional de Locutores, Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Club de Periodistas de Chiapas y Asociación de Redactores y Reporteros— emitieron un pronunciamiento público dirigido a los tres niveles de gobierno y a los organismos de derechos humanos.

No es un documento más. Es la voz de un gremio herido, cansado de contar muertos, exigiendo que la violencia contra quienes informan deje de ser un deporte nacional en este estado.

𝙇𝙖 𝙡𝙪𝙯 𝙖𝙡 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙪́𝙣𝙚𝙡

Sin embargo, no todo es desesperanza. En las últimas semanas, algo ha cambiado en la actitud de las autoridades. El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, junto al fiscal de derechos humanos, Lorenzo López Méndez, y el director de atención a periodistas, José Vicente Díaz Coutiño, han mostrado una apertura al diálogo constante con el gremio que no se veía en administraciones anteriores.

Se han sentado a escuchar. Han recibido denuncias. Han establecido canales de comunicación. Y aunque los resultados concretos aún están por verse, la voluntad de diálogo es, en sí misma, un avance en un estado donde tradicionalmente la puerta de las instituciones ha estado cerrada para los periodistas.

Funcionarios con esa sensibilidad son los que se requieren para que el ejercicio de la libertad de expresión sea una garantía real y no un simple enunciado en la Constitución. Pero ojo, diálogo sin acciones es solo teatro. La prueba de fuego será la resolución de los casos, la captura de los responsables, el fin de la impunidad.

Porque aunque hoy haya apertura, la deuda con los caídos sigue impaga. Roberto Mancilla, Mario Leonel, Fredy López, Víctor Alfonso, y otros, siguen esperando justicia. Sus familias siguen esperando. El gremio sigue esperando.

Y mientras un solo crimen contra un periodista quede impune, Chiapas seguirá siendo un estado peligroso para informar. Mientras la verdad siga siendo perseguida, la libertad de expresión será una quimera.

La apertura actual es un respiro, sí. Pero no nos confundamos, no es un favor. Es una obligación del Estado. Proteger a quien informa no es concesión, es mandato constitucional. Y en Chiapas, ese mandato ha sido sistemáticamente ignorado durante décadas.

El gremio periodístico en Chiapas está herido, pero no derrotado. Ahora toca a las autoridades demostrar que el diálogo no es simulación, que la apertura no es maquillaje, que la justicia no es una palabra vacía.

Que los casos se investiguen. Que los responsables caigan. Que los periodistas podamos trabajar sin miedo.

Porque mientras un periodista tenga que mirar por encima del hombro antes de publicar, la democracia estará coja. Y Chiapas, con su deuda histórica de sangre, seguirá siendo un recordatorio de lo que pasa cuando el silencio se vuelve política de Estado.

La apertura actual es una oportunidad. Ojalá no la desperdicien.