Importante tener libertad de expresión y de libertad de información en Sinaloa
* Trascendental Informe de la CDDHS con relación a la situación que guardan los periodistas en Sinaloa
* Periodistas de Sinaloa y también de toda la república mexicana, queremos que cesen las agresiones y crímenes en contra de periodistas
Rafael Báez
Culiacán, Sinaloa. En conferencia de prensa, Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C (CDDHS) y el profesor Oscar Loza Ochoa, responsable del Programa de Protección a Periodistas, informaron que “Vivimos tiempos inéditos. Vivimos tiempos de esperanza. Vivimos la oportunidad de hacer historia en materia de libertar de pensamiento, libertad de expresión y de libertad de información. Por esas razones es necesario hacer un minucioso repaso de lo que han vivido medios de comunicación, Reporteros, Moneros o cartonista y Columnistas”.
“Lo es también por estar ante el inminente cambio de la administración pública estatal. La sociedad está convencida de que no debe haber repetición de los hechos y el mejor abono para esa anhelada garantía es un informe-balance de lo que se ha vivido y presentarlo ante el nuevo gobierno, pues si este tomará en sus manos el destino de la vida pública debe saber de antemano los puntos y espacios en los que tiene que prevalecer la filosofía del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución Política y los correspondientes en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.”
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, ha tomado de oficio en general las denuncias públicas sobre amenazas a medios y a periodistas. Lo hacemos registrando los casos que han destacado durante el presente año, reconociendo que en los anteriores los hubo tan graves y más numerosos que los documentados ahora, como en su momento lo manifestamos en sendas recomendaciones y medidas cautelares.
Oscar Loza Ochoa y Leonel Aguirre Meza
Hemos acordado presentar un informe público sobre las amenazas, intimidación, acoso, agresiones físicas y campañas de desprestigio, en contra de periodistas de Sinaloa y medios de comunicación, por considerar el presente momento de cambio de poderes como muy oportuno para ello. El gobierno que iniciará el 1° de noviembre reivindica un respeto militante a los derechos humanos y en especial a la libertad de expresión y al libre ejercicio del periodismo, por lo que de manera natural debe conocer los problemas que en la materia hemos registrado en el presente año, con el fin de que desde el primer momento de su gestión marque con una declaración concreta y hechos, el inicio de una nueva época en la relación entre poderes públicos, medios y periodistas.
De establecer de manera firme y temprana una política pública en materia de derechos humanos relacionada con la libertad de expresión y libre ejercicio del periodismo, se sentará una posición de avanzada y se convertirá en la mejor garantía de no repetición de los hechos lamentables que hemos conocido en años anteriores y en el presente.
Hace unos meses el cartonista Gilberto Ceceña se lamentaba públicamente de la manera siguiente: “Los periodistas de Sinaloa vivimos en el peor lugar para ejercer un periodismo independiente y comprometido. Muchos lo han pagado con su vida. “Cuando a este ambiente adverso sumamos la intolerancia y una desmedida ambición de poder, degenera en plumas y medios creados exprofeso para enlodar e intimidar a sus adversarios y a periodistas.”
Por eso hablamos de no repetición de los hechos, por eso vemos con simpatía que la nueva administración estatal se exprese con una narrativa que prioriza el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad de opiniones, al derecho de expresarlas y al ejercicio libre del periodismo. Y la mejor garantía de no repetición de los hechos es permitir y sobre todo fomentar la libertad de opinión sobre los asuntos de la vida pública y de publicar ese sentir y pareceres de quienes han forjado oficio y profesión en el campo del periodismo. Para la mejor comprensión de las violaciones a los derechos humanos de periodistas, hacemos un breve resumen de los casos que hemos documentado.
Caso de América Armenta.
El jueves 20 de mayo del presente año como a las 9 am, entraron a su casa persona o personas desconocidas y sustrajeron herramientas de trabajo como un Kindle, un IPod, cargadores y una Laptop. América considera que fue una persona quien entró, pues había más cosas de valor que podían llevarse y no lo hicieron. Presentó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado, misma que quedó registrada como Robo en lugar habitado y con el Folio 5139/2021.
El día 25 de junio América compareció ante la CDDHS y además de manifestar lo anterior, señaló que en el momento del robo ella se encontraba en la recámara de su casa, preparándose para ir al trabajo.
El día 6 de julio, la Vicefiscal General Nuria Alejandra González recibió a la periodista América Armenta y a Oscar Loza Ochoa, responsable del programa de protección a periodistas de la CDDHS, estuvo presente también el Vicefiscal de la Zona Centro Miguel Ángel Valdez Zazueta. En dicha reunión se reconoció que en la investigación del caso faltan videos del C-4 de la zona donde se ubica la casa, una inspección al domicilio, checar el tragaluz de la casa por posible entrada y salida de quien sustrajo los objetos.
El día 29 de septiembre nos entrevistamos con América de nuevo, con el fin de dar seguimiento a su caso. La información es que, al día siguiente de la entrevista con los vicefiscales, los agentes encargados de la investigación visitaron a América, revisaron la casa y la cámara de video que originalmente indicó la quejosa. Hay otras cámaras en la esquina de Obregón y Colón y en Carrasco y Colón, y no tiene información de que se hayan checado por la autoridad. No le han proporcionado más información sobre avances.
Caso Carolina Tiznado y otros.
El día 26 de enero del presente año, esta Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, registró de oficio los ataques que aparecieron en redes sociales el sábado 23 del mismo y que ponen en riesgo la integridad de los reporteros Carolina Tiznado, del Periódico Noroeste; María Elena Ibarra, de El Debate; Claudia Carrillo, de Reacción Informativa; y Juan Serna, de La Voz del Sur.
La prensa del sur del estado dio testimonio de ello. El Sol de Mazatlán publicó el día sábado 23 de enero: “Atacan en redes sociales a corresponsales de Escuinapa. Los representantes de algunos medios han sido víctimas de esta situación.
“Los ataques se han hecho a través de perfiles con identidad falsa.
“Ha sido por medio de memes publicados en perfiles de Facebook ‘Falsos’ con los cuales se ha estado atacando a estos corresponsales. En estos memes, se les ha tratado de calificar o señalar como ‘chayoteros’ o ‘vendidos’ a los compañeros que realizan la labor periodística en el municipio.
En dicha edición se reproducen copias de las imágenes que se publicaron en las redes.
“Aunque se desconoce con certeza quien o quienes son los autores de estos ataques, los reporteros estarán buscando las instancias legales correspondientes para hacer la denuncia formal sobre esta situación que pone en riesgo la integridad de cada uno de los compañeros. Es importante destacar, que estos ataques se han intensificado luego de que se hiciera pública la aplicación de la vacuna del Covid-19 al alcalde Emmet Soto Grave lo cual se convirtió en noticia nacional.
También el Periódico Noroeste de fecha 24 de enero de 2021, publicó lo siguiente:
“Atacan en redes a medios de Escuinapa tras evidenciar vacuna y fiesta del alcalde Emmett Soto. Publican en perfiles falsos agresiones contra los periodistas luego de polémicas en torno al presidente municipal.
El periódico reproduce un mensaje que aparece en el Facebook, enviado por ‘Josefa Olivares’ a ‘Juan Carlos Padilla’ y 39 personas más, con el siguiente mensaje: “ay gordita tiznado ya te salió lo licenciada y lo honesta de cuando ac tu sales son eso si a ti te paga un sinvergüenza pero están igualitos no la conocen que periodismo tan pobre trabajas tapadera de unos y arrastrada d otros te queda grande el trabajo niña no escondas tu odio y tu poco profesionalismo te subes al rin (sic) como las buenas y te olvidas q ddbes (sic) ser una según (sic) periodista imparcial cual pues eres la vergüenza de tu gremio pobre frustrada.”
“A través de redes sociales, perfiles falsos iniciaron una serie de ataques contra reporteros de medios de comunicación de Escuinapa.
“Esto en el contexto de una serie de notas que se han elaborado en relación a la vacunación irregular del alcalde Emmett Soto Grave, como medida preventiva ante el Covid-19, y la fiesta de cumpleaños que el presidente municipal realizó, pese a la pandemia.
“Los hechos han colocado al alcalde en titulares nacionales e internacionales, llevando además a la destitución de las autoridades del Hospital General.
Se reproducen también los memes con rostros de los periodistas y frases que los ofenden.
“El alcalde Emmett Soto Grave además de su defensa en un programa de radio, pidió a la población no dejarse engañar, señalando que los medios actúan así porque se les ‘da dinero’.
“Los perfiles de redes sociales están identificados con la Comuna, pues sus publicaciones son compartidas por funcionarios al servicio del municipio y por ser promotores de los boletines del Ayuntamiento.
A pesar del tiempo transcurrido y de la preocupación que en su momento manifestaron Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, asociaciones locales de periodistas y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Humanos en Sinaloa, no se presentaron disculpas a los reporteros citados y se desconoce la suerte de las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia.
Caso Arturo Santamaría.-
El día 9 de octubre del presente año nos entrevistamos con el maestro Arturo Santamaría. Él señala que su caso, como el de Ernesto Hernández Norzagaray, Tere Guerra y otros, fue atraído por el organismo de protección a periodistas Artículo 19 y que en su momento el organismo se manifestó públicamente al respecto.
Señala de manera preocupada que después del último ataque y luego de valorar con su familia los saldos de una campaña sucia contra su persona y prestigio, se planteó y atrincheró en la autocensura. No ha escrito.
La familia siente un temor fundado, pues durante varios días hasta un auto con personas a bordo estuvo estacionado frente a su casa, con la evidente función de vigilancia de que sintiera el acoso y la amenaza hasta en su domicilio.
Arturo Santamaría presentó denuncia formal sobre estos hechos que constituyen amenazas y riesgo a su integridad física e intelectual ante la Fiscalía General del Estado, que inició la Carpeta de Investigación correspondiente, misma que no ha tenido la suerte que tanto él y sus amigos esperaban.
Caso Ernesto Hernández Norzagaray.
El año 2011 da origen a un problema que toma proporciones de consideración mayor, luego de presentarse una denuncia por enriquecimiento inexplicable contra Melesio Cuén Ojeda, suscrita por Ana Luz Ruelas, Guillermo Ibarra Escobar, María Teresa Guerra, Carlos Karam Quiñones y otros.
En ese marco se inicia una larga campaña de desprestigio en contra de los mencionados académicos y que luego se amplía a Ernesto Hernández Norzagaray, Arturo Santamaría y al periodista Netzahualcoyotl Ceballos, este de Noroeste Mazatlán. Los medios a través de los cuales hay acoso, intimidaciones y amenazas, son A Contracorriente, Proyecto 3, Mujeres por Sinaloa y Gremio News.
Un grupo de reporteros, encabezados por las periodistas Sheila Arias y Sibely Cañedo, iniciaron un expediente en el que documentan el caso y sus repercusiones, incluyendo como víctimas también a Arturo Santamaría y Arturo Vargas (AVeCe). El expediente fue hecho público y recibido con preocupación por el organismo de protección a periodistas Artículo 19. Ajuicio del editorialista Hernández Norzagaray, después de que esta organización mostró su preocupación por lo que estaba pasando y expresó su apoyo moral, los ataques contra el grupo de periodistas bajó de nivel.
Caso María Teresa Guerra Ochoa.
-Los problemas de acoso o amenazas recibidas por la defensora de derechos de la mujer y editorialista Tere Guerra, tiene una larga data. El día 21 de agosto de 2016 sufrió un llamamiento en su oficina durante el cual fueron sustraídos archivos de trabajos periodísticos y un audio y presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Dos días después aparece una nota en el Portal Qué pasa en Mazatlán, suscrita a nombre de Benjamín Bojórquez Olea. El estilo e intenciones de quien redacta no deja lugar a dudas: “Sabemos que la abogada es capaz de todo para fabricar un escenario que le permita revivir un caso que tiene perdido y que cumple una década”. No refiere el caso, pero anota el robo de los documentos poniendo en duda el delito y exculpando presuntas responsabilidades. Había un antecedente inmediato al allanamiento y robo: una demanda contra Tere Guerra por Daño moral, de parte de Héctor Melesio Cuén.
Artículo 19 tomó nota puntual del problema y resolvió: que la Procuraduría de Justicia del Estado (hoy FGJE) investigue los ataques contra Tere Guerra, tomando como línea principal su actividad periodística; solicita al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas garantizar la vida e integridad de la periodista y exige al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa garantizar la equidad procesal en el desarrollo del juicio civil entablado por ambas partes.
No son los únicos problemas registrados por María Teresa Guerra, por Artículo 19 y por esta CDDHS, pero nos preocupa que ese entorno tiene una inusitada vigencia y que el juicio sigue en tensa espera un final de incertidumbre.
Caso Arturo Vargas Colado (AVeCe).
El día 9 de mayo del presente año hizo denuncia pública por amenazas recibidas, luego de hacer crítica en sus cartones a Héctor Melesio Cuén y a la campaña de Rubén Rocha, cuestionando la alianza con el primero. Se señala que ha recibido acoso de al menos 20 páginas de Internet, cuyas indagaciones remiten a empleados e instalaciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a la Revista Espejo y el Portal Lado B
de fecha 12 de mayo de 2021. Estas publicaciones cubren noticias sobre este particular y señalan que la Fiscalía de Delitos Electorales en Sinaloa ha registrado denuncias y que de acuerdo a las mismas hay personas involucradas que son empleadas de la UAS y que militan en el PAS.
Caso Erick Daniel Toxtle Nolasco y Bryan Omar Toledo Chavarín.
El pasado 13 de octubre, cuando serían las 4 pm, los reporteros Erick Daniel y Bryan del Portal Sinaloa en Línea, observaron acción policial en contra de cuatro surfistas en Playa Pinitos y se acercaron a cubrir la nota. Erick Daniel fue el primero en acercarse y de inmediato se le impidió continuar con su trabajo, siendo esposado y subido a la camioneta policial. Poco después Bryan siguió la misma suerte. Los reporteros fueron llevados junto a los surfistas hasta el Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA), en el trayecto y estancia hubo agresiones verbales, lesiones y bloqueo al trabajo de información.
Posteriormente fueron llevados a la Barandilla de Policía Municipal, donde después de unos 10 minutos fueron liberados, sin más.
Esta CDDHS, envió una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, con el fin de emitir una Recomendación sobre los hechos.
Mientras Artículo 19 Recomienda a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y al Centro de Atención y Protección al Turista abrir una investigación para esclarecer los hechos y fincar responsabilidad a los agentes que participaron en la situación descrita.
Plantea que el Ayuntamiento de Mazatlán condene públicamente los hechos, inicie una investigación, sancione a los elementos policiales involucrados y emita protocolos que regulen la actuación policiaca que garanticen el respeto la Libertad de Expresión en el municipio.
Que la CEDH realice la investigación que corresponda y emita una Recomendación a la SSPM y CAPTA, para evitar la repetición de los hechos y se cumpla con la reparación del daño. Que la Fiscalía General del Estado, dé celeridad a la investigación de los hechos, a fin de garantizar el acceso a la justicia de los periodistas.
Caso Noroeste.
Los medios de comunicación no han estado exentos de ataques cibernéticos y campañas de difamación diversas, entre ellas la pega de calcas o carteles en la vía pública. Y pareciera que en las coyunturas electorales toman mayor fuerza estas expresiones ilegítimas. El ejemplo más claro es que a cinco días de la jornada electoral de junio pasado, apareció un cartel en el centro de la ciudad buscando desacreditar al periódico Noroeste.
El mismo diario publica una nota el día 2 de junio en estos términos: “Regresan ataques contra Noroeste: pegan calca con información falsa en centro de Culiacán.
“No es la primera vez que en medio del contexto político y de ataques con noticias falsas a través de supuestos portales de información o portales que difunden noticias falsas, se dirige un ataque para desacreditar a este grupo editorial.
Y tiene mucha razón cuando lo asegura, pues un poco antes, el día 11 de marzo del presente año, el reportero Abraham Sanz del mismo medio, comentaba en su colaboración de esa fecha: “En diferentes ocasiones, el medio estatal ha sido atacado luego de publicar artículos de opinión, noticias o reportajes que afectan a determinado grupo político
“En los días anteriores se estuvieron pegando calcas en las bancas de la Plazuela Obregón y postes del alumbrado público en el Centro Histórico de la ciudad, con el nombre de Noroeste distorsionando la O como figura de excremento.”
Como podemos ver no son los únicos ataques, son sólo los últimos registrados.
Caso Revista Espejo.
El día 27 de marzo del presente año, la organización Artículo 19 publicó que “entre el 17 y el 22 de marzo de 2021, el sitio web de Revista Espejo fue blanco de ataques cibernéticos de tipo denegación de servicio distribuidos (DDoS) en Culiacán, Sinaloa.
“Los primeros dos ataques documentados por el medio, ocurridos del 17 al 21 de marzo, fueron de una intensidad moderada y el equipo encargado del sitio web pudo controlarlos en menos de media hora.
“No obstante, el 22 de marzo el sitio web registró un ataque de mayor intensidad que inhabilitó el sitio web por más de cuatro horas. El ataque comenzó poco después de las 19:00. Según la información compartida a esta organización, en los primeros minutos se recibieron alrededor de 14 millones de solicitudes al sitio web, las cuales mostraron direcciones IP de China y Estados Unidos principalmente. Durante más de cuatro horas se incrementó la intensidad del ataque y sumó más de 113 millones de solicitudes.
Los ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) son un intento de interrumpir el tráfico normal de un servidor, abrumando con una avalancha de tráfico de Internet. Estos consumen la capacidad del sitio web e imposibilitan su acceso. El uso de ataques DDoS en la entidad está convirtiéndose en una tendencia problemática que limita el derecho de acceso a la información de la población sinaloense. En septiembre del año pasado, en un periodo de 72 horas cinco medios fueron blancos de este tipo de ataques.
Preocupa también que, contraviniendo los estándares interamericanos sobre libertad de expresión e internet enmarcados por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, este tipo de ataques no sean investigados.
Estos ataques son aún más alarmantes dado el contexto electoral de este año. Para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos y democráticos es imprescindible la pluralidad de la información. En este sentido, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información es un punto focal para la vida democrática del país.
La Revista espejo presentó una denuncia ante la Delegación de la Fiscalía General de la República, el día 29 de septiembre de este año, por amenazas graves enviadas a través de la página de Facebook del mismo medio de comunicación.
Caso Los Noticieristas.
La Revista Espejo el pasado muy reciente día 22 de octubre, lamenta que “los ataques cibernéticos y amenazas contra medios de comunicación de Sinaloa continúan debido a la certidumbre de los agresores de que no pagarán ante la ley por tales conductas delictivas, así presenten los afectados las denuncias ante las instancias correspondientes y pese al discurso de políticos que ofrecen dar garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y en los hechos actúan como patrocinadores o cómplices por omisión de los atacantes a periodistas y tribunas informativas.
“La más reciente acometida cobarde contra los artículos sexto y séptimo constitucional afecta al programa periodístico Los Noticieristas cuyo director, Luis Alberto Díaz, denunció interferencias de terceros que obstaculizan que los contenidos lleguen a las audiencias.
“No sabemos a quién, quién pudiera pagar para atacar a un medio de comunicación como Los Noticieristas, solamente queremos informárselo, estamos trabajando al respecto, por supuesto que tenemos sospechas fundadas de quién pudiera estar pagando esta campaña, pero seguiremos trabajando, mientras tanto síganos en radio, síganos en YouTube… vamos a estar con usted un día sí y otro también”.
“En el transcurso del proceso electoral que se realizó este año, fueron recurrentes los ataques al programa Línea Directa, que entonces dirigía Luis Alberto Díaz, así como a Noroeste, Revista Espejo, Ríodoce y Reacción Informativa.
“La libertad de expresión y el derecho a la información continúan en situación de peligro permanente porque los criminales ocultan la identidad en la permitida acción para delinquir que otorgan cada vez más las redes sociales y también porque desde el gobierno en sus niveles federal, estatal y municipal se alienta la agresión a la prensa y en el peor de los casos se ejecuta desde oficinas de instituciones y/o autoridades, con la seguridad de que fiscalías y juzgados pondrán el resto: carpetas de investigación endebles y voluntad nula por hacer valer el sistema de leyes.”
Observando los casos documentados con la información propia y criterios de la Organización Artículo 19, tenemos lo siguiente:
De acuerdo al informe que presentó Artículo 19 para el primer semestre de 2021, los principales registros de agresiones a periodistas en México se expresan de la manera siguiente: Ciudad de México, con 64 casos; Tamaulipas, con 23; Quintana Roo, 23; Puebla, 22; Guerrero, con 21; Baja California, con 19; Veracruz, con 18; Yucatán, con 18; y Sinaloa con 16 casos. Ocupamos el noveno lugar a nivel nacional. No hay un seguimiento muy preciso sobre la impunidad o justicia de cada caso, pero en ese renglón no somos tampoco de lo más eficiente.
Por la información que obra en nuestros archivos, tenemos 14 casos de periodistas (9 reporteros, 3 editorialistas y dos moneros), que pertenecen a siete medios de comunicación y que por el origen geográfico de sus fuentes de trabajo y de las agresiones podemos ubicar en cuatro municipios del estado de Sinaloa. El número de periodistas agredidos no limita la cantidad de agresiones, pues estas van desde una sola, como es el caso de América Armenta, hasta múltiples acciones de diferente tipo, como las recibidas por María Teresa Guerra, Arturo Santamaría, Ernesto Hernández Norzagaray y Gilberto Ceceña.
El tipo de agresiones recibidas se pueden clasificar de la manera siguiente, sin que podamos aún documentar las veces en que se dieron en cada caso: allanamiento y robo de herramientas de trabajo de periodistas, amenazas veladas y abiertas, dominios y cuentas falsas, intimidación y hostigamiento, y lo que Artículo 19 define como uso ilegítimo del poder público.
Para tener precisión sobre el concepto “uso ilegítimo del poder público”, anotamos la definición de Artículo 19: “Todas las acciones u omisiones realizadas por personas servidoras públicas y/o personas con proyección pública que estén o no están previstas en alguna norma jurídica y que buscan dañar los derechos a la libertad de expresión de un o una periodista y/o un medio.” Es muy importante destacar que el número de mujeres periodistas agredidas son cinco, que en el caso de tres de ellas el entorno en que se dieron las agresiones apunta a un funcionario público (presidente municipal), en otro caso a una figura pública y en otro sin determinar aún.
En lo que va de los meses transcurridos de 2021, hemos registrado ataques y campañas de difamación en contra de cuatro medios de comunicación:
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa considera que ante el umbral de la nueva administración estatal que encabezará el ciudadano Rubén Rocha Moya, es de importancia vertebral definir de manera clara y contundente cuál será la política pública en relación a los medios y al ejercicio libre del periodismo. Construir una nueva época es un verdadero reto y este no se puede enfrentar con posibilidades de éxito sin la presencia de la democracia y las libertades de pensamiento, expresión y publicación.
Por todo lo anterior, hacemos las recomendaciones siguientes:
Al Gobernador Rubén Rocha Moya.
Primera.-Reconocer públicamente la importancia de la prensa para una sociedad democrática donde el Estado debe garantizar las condiciones para que la prensa ejerza su labor libre de violencia.
Segunda.-Condenar cualquier ataque y acción de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Tercera.-Cumplir el compromiso contraído en junio de 2017 por el Gobernador Quirino Ordaz Coppel de crear una unidad de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en Sinaloa en tanto se descongela la iniciativa de Ley de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas en el Congreso del Estado.
Cuarta.- Diseñar e implementar una política pública integral que prevenga la violencia contra la libertad de expresión y que proteja a la prensa.
Al Congreso del Estado.
Primera.-Aprobar la iniciativa de Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que inexplicablemente congeló la legislatura anterior.
Segunda.- Reconocer públicamente la importancia de la prensa para una sociedad democrática donde el Estado debe garantizar las condiciones para que la prensa ejerza su labor libre de violencia.
Tercera.-Condenar cualquier ataque y acción de violencia contra periodistas y medios de comunicación
A la Fiscalía General del Estado.
Primera.-Implementar el Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia: DOF 12 noviembre de 2018.
Segunda.-Resolver las investigaciones pendientes sobre casos de periodistas en los plazos y con la expeditez que la paz y tranquilidad exigen.
A los medios de comunicación.
Primera.-Proteger legal y moralmente a su equipo de reporteros, en especial a aquellos que cubren fuentes y notas que implican riesgos.
Segunda.-Establecer un sistema de alertas tempranas que registre en tiempo real cualquier tipo de acción que ofenda a su equipo de trabajo y afecte su integridad física y moral.
Tercera.-Desplegar acciones inmediatas de protección ante cualquier tipo de ofensa física o moral contra su equipo de trabajo.
A las asociaciones de periodistas.
Primera.-Proteger legal y moralmente a sus agremiados.
Segunda.-Establecer un sistema de alertas tempranas que registre en tiempo real cualquier tipo de acción que ofenda a sus agremiados y afecte su integridad física y moral.
Tercera.-Desplegar acciones inmediatas de protección ante cualquier tipo de ofensa física o moral contra sus compañeros de gremio.
A la sociedad sinaloense.
Primera.-Registrar y denunciar todo tipo de acciones que violenten la integridad física y moral de quienes se dedican al ejercicio del periodismo como reporteros, editorialistas y moneros.
Segunda.- Solidaridad con los trabajadores del periodismo, exigiendo el respeto a los derechos humanos de los periodistas y al ejercicio pleno del derecho a informar.
Tercera.-Mantener la exigencia permanente de no repetición de los hechos que ofenden la integridad física y moral de los periodistas, y nuestro derecho a vivir y disfrutar de una prensa libre como corresponde a una vida pública democrática.
Nota del Editor. Un informe detallado y balanceado con los casos que han sido denunciados la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C (CDDHS), lo que servirá para que las nuevas autoridades del estado de los tres poderes, puedan encabezar una verdadera lucha a favor de los Reporteros, Moneros o cartonista y Columnistas; hombres y mujeres que luchan cotidianamente desde todas las trincheras para realizar su labor social de informar a la sociedad, tanto en el periodismo escrito como electrónico, periódicos, revistas, radio, televisión e Internet desde las plataformas que se han puesto de moda y que son parte del nuevo periodismo electrónico donde en segundos desde las redacciones de los diarios o radiodifusoras i televisoras se mandan las noticias al instante , utilizando el twitter, el wasap y Facebook, entre otras herramientas modernas que las y los periodistas utilizamos para que la sociedad esté bien informada.
Como trabajadores de los medios de comunicación apoyamos plenamente la iniciativa de Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, A.C (CDDHS) y del profesor Oscar Loza Ochoa, responsable del Programa de Protección a Periodista de la Institución, en esta nueva etapa de tratar de acabar con los ataques sistemáticos contra los periodistas y medios de comunicación, situación que esperamos que el gobernador del Estado como Poder Ejecutivo, los diputados como Poder Legislativo y Jueces y Ministerios Públicos, como Poder Judicial, retomen esta iniciativa, que será reconocida si la llevan a cabo, no sólo a nivel estatal, sino a nivel nacional e internacional, porque los periodistas no solo de Sinaloa, también de toda la república mexicana, queremos que cesen las agresiones y crímenes en contra de periodistas.