CARTA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DESPLAZADOS DE SINALOA
Compartir:

Al Congreso del Estado de Sinaloa

Al Gobernador Rubén Rocha Moya

Al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

Al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

A las asociaciones de defensa de derechos humanos y periodistas de Sinaloa y de México

Al gremio periodístico y defensores de Derechos Humanos en general.

De manera atenta y respetuosa, los y las periodistas y defensoras de Derechos Humanos, actualmente desplazados (as) de Sinaloa, nos dirigimos mediante el presente Comunicado, que Dirigimos Al Congreso del Estado de Sinaloa, Al gobernador Rubén Rocha Moya, al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, al alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las asociaciones de Defensa de Derechos Humanos y periodistas de Sinaloa y de México Al gremio periodístico y defensores de Derechos Humanos en general…

Es nuestro deseo hacer del conocimiento público que el Congreso del Estado de Sinaloa inició el pasado 24 de mayo el proceso para la creación del Instituto de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, al aprobar la ley que garantiza la seguridad de todas y todos los integrantes de ambos gremios sujetos de la nueva legislación, lo que sin duda destacamos como un avance importante en el reconocimiento de las diferentes Labores que hemos venido Desarrollando las y los Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, así como el Reconocimiento de las Autoridades del Estado a las diferentes agresiones e injusticias que hemos enfrentado y actualmente seguimos enfrentando, derivado de las diversas violaciones a nuestros derechos humanos.

Sin duda tenemos claro que dichas agresiones y violaciones graves a nuestros Derechos Humanos, no termina con la publicación de una Ley, ni con dotar de presupuesto público a un ente Garante de la Libertad de Expresión y la Salvaguarda de los Derechos Humanos consagrados en los Artículos 1 y 6 de nuestra Constitución Política Mexicana.

Por lo que consideramos que la creación de un ente público encaminado a proteger el Primer Derecho Fundamental como lo es la vida, y el Segundo Derecho Fundamental como resulta serlo la Libertad de las Personas. Estas libertades se deben de salvaguardar desde luego en todos sus ámbitos, tanto de las y los Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos, por lo que sin duda tenemos claro que, no, se puede tomar con tanta premura, así también queremos enfatizar: que no aceptamos, ni aceptaremos la creación de  estructuras al vapor, que lo único que pudiera generar a la postre es la revictimizacion o situaciones adversas para quien sea acogido por este nuevo instrumento.

Este martes 21 de junio, el Congreso a través de la Junta de Coordinación Política dio a conocer la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo, así como a la persona que se convertirá en director o directora.

Dicho consejo estará integrado de seis personas, tres periodistas y tres personas defensoras de Derechos Humanos, sin duda aplaudimos que lo hagan con paridad de género.

Así también queremos expresar nuestra gran preocupación, ya que es muy visible la premura de una Convocatoria que dura apenas una semana abierta, por lo que consideramos es una situación que no permite alentar la transparencia y la inclusión de personas perfiladas para la integración de este Instituto.

Del mismo modo queremos resaltar que los requisitos fueron puestos a “modo”, acotando la posible participación de perfiles con verdadera, empatía y conocimiento del tema, y con la disponibilidad para asumir compromisos con personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas.

Lo anterior lo sustentamos precisamente en lo desfasados que están los requisitos que exigen a la persona que de verdad tenga aspiraciones para ocupar dicho encargo y que sea periodista o defensora de Derechos Humanos. Lo anterior también se sustenta, ya que de nuestra máxima ley se desprende que ni si quiera para ser diputado o diputada, u ocupar algún otro cargo público que no sea técnico, se solicita título profesional con cinco años de haber sido expedido, y un sinfín y sin número de barrabasadas que enlistan.

Un ejemplo es que para formar parte del órgano legislativo, no se les piden los requisitos de licenciatura y menos aún se les ha exigido la experiencia probada en el impulso, creación de leyes. Muchos de los diputados y diputadas en nuestro país ni siquiera conocen o saben por lo menos interpretar ni la constitución federal y mucho menos las leyes que de esta emanan.

Por lo que queremos enfatizar y señalar que los requisitos que exigen y que los mismos consideramos desfasados, sin duda también nos deja claro que dichos requisitos son excluyentes y con lo cual definitivamente Vulneran Derechos Humanos contenidos en nuestra carta magna, para quienes deseen participar en este proceso.

Así también es de suma trascendencia, resaltar y hacer la observación que de dicha “Ley Aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa” no incluye una atención integral para posibles y beneficiarios. Por esto consideramos que la forma en que se está operando desde el Congreso del Estado de Sinaloa, y en relación a la conformación de este Instituto no abona para nada a la transparencia que tanto pregonan las autoridades del estado de Sinaloa y para que entre todas y todos los posibles beneficiarios, podamos tomar en consenso las mejores decisiones, ya que de ninguna manera se nos ha tomado en consideración.

Lo anterior es así ya que no aceptamos que el Congreso del Estado de Sinaloa, tome decisiones de manera por demás arriesgada y resuelva por nosotros o, a, quienes no se sientan representados por las acciones que están realizando, pues dentro de la Ley no se contemplaron acciones integrales dentro de los planes de protección que se generarán con motivo de la creación del Instituto.

Por lo que los Suscritos consideramos que con dicha Ley se nos deja en Indefensión, ya que ni como periodistas y defensores de Derechos Humanos desplazados ni como beneficiarios de un Mecanismo de Protección Federal se no ha considerado, y menos aún se nos ha incluido, por lo que con ello definitivamente incurren en una clara y evidente violación a nuestros Derechos Humanos.

Los suscritos firmantes actualmente nos encontramos adheridos al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como también tenemos en común el estar desplazados de nuestro estado, que también es Sinaloa, por lo distintos actos de violencia vividos; y que en su mayoría ha sido generado y provocado en contra de nosotros por las distintas autoridades del estado y desde luego por la labor tanto en el periodismo, así como en la defensa de los Derechos Humanos de nuestro pueblo que es Sinaloa.

Por lo que al tener la calidad de adheridos al Mecanismo de Protección Federal y al encontrarnos desplazados de manera forzada por actos de violencia de nuestro estado y a lo largo de varios continuos hemos denunciado fallas consistentes en la falta de una atención integral.

Lo anterior es así, ya que los suscritos participamos en el Diagnóstico del funcionamiento del Mecanismo, encabezado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el cual se detallan las más de 100 fallas del ente público y además se dan un sinfín de recomendaciones para subsanar dichas fallas y Por años.

Por lo que muchos beneficiarios hemos insistido en planes de retorno que aún hoy no existen a Nivel Federal, mismos planes de retorno que no se han plasmado en la Ley aprobada en Sinaloa. Hemos insistido en una mejor extracción de personas acogidas al Mecanismo Federal, así como también del que se nos dé un tratamiento adecuado para quien sea desplazado o beneficiario de la protección federal ya que en mucho y muchas veces hemos sufrido LA REVICTIMIZACION.

Por lo que Insistimos que, para evitar la simulación, necesitamos a personas empáticas y con verdadera experiencia en la forma de operar la protección dentro del Instituto en Sinaloa, ya que sin duda y si existe tanta premura en la conformación, definitivamente y como sinaloenses les exhortamos a las autoridades que se transparente y se eliminen los tramites excesivos en la convocatoria, ya que los mismos además de estar desfasados, son discriminatorios para muchos compañeros y compañeras de ambos gremios, y les pedimos de manera atenta y respetuosa, abandonen la simulación…

Por lo que, para evitar en Sinaloa, lo que ha ocurrido en otros Estados de la República Mexicana, y en donde desde luego, el Mecanismo de Protección Federal, para Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se deslinda de su responsabilidad y delega la misma a los “agresores principales”, como lo son las propias autoridades del estado, alegando que ahora se contará con un “Instituto Autónomo de Protección”, en el que desde luego no se visibiliza, ni la autonomía, independencia, y menos la inclusión o transparencia del mismo.

Se requieren verdaderas sinergias para apostar a una protección integral, para que las agresiones y coerciones de cualquier tipo no ocurran, y desde luego, menos las privaciones de la vida de periodistas y activistas Defensores Derechos Humanos.

Los suscritos nos hacemos presentes a través de esta carta porque hemos vivido por años la indolencia de las autoridades para aterrizar verdaderos planes de protección integral que atienda las causas y trabajen en planes de retorno que coadyuven a recuperar no sólo nuestras vidas, sino nuestros proyectos profesionales y familia.

Posdata. El capítulo referente a la Comisión de Atención a Víctimas será otro tema a discusión. Atentamente los abajo firmantes, periodistas y defensoras de derechos humanos desplazados actualmente originarios de Sinaloa, a 22 de junio de 2022.

-CYNTHIA YAREL VALDEZ GARCÍA

-ALMA BARRAZA GÓMEZ

-JULIO CÉSAR BELTRÁN


Compartir: